El recuerdo de Ilave, la ley de la selva y la sed de justicia en un país hambriento

por G. Bastas Chipoco


Está claro que el crimen no paga, pero en los arenales de Lima -en donde no hay pistas ni caminos y, por lo tanto, la policía no tiene acceso ni putralla- también te cobra con la vida si tu error es descubierto. Porque cuando la pobreza no es un estilo de vida sino además un destino trazado y aquello que tienes es básicamente la única posesión que gozas el simple hecho de verlo perdido enerva las reacciones más primitivas del hombre. Es así que ¿cuál sería la alternativa a la ley y el orden en un lugar abandonado por el Estado? Pues la ley de la selva y el ajusticiamiento.

Basta con recordar al alcalde de Ilave, Cirilo Robles, quien vio sus últimos segundos de vida ardiendo en la via pública de su misma ciudad después que los indígenas -rabiosos y exacerbados por la corrupción de las autoridades puneñas y una serie de problemas medulares que corroían su sociedad desde décadas- lo lincharon hasta el borde de la muerte para rematarlo ahogándolo en fuego. La desidia del Estado, he ahí una paradoja puesto que mientras desean una autoridad guía y férrea desprecian a la endeble y corrupta que ya de por sí tienen, motivó a los nativos a resolver el problema ellos mismos.

Con Lima desbordándose en sus periferias es imposible que la impertérrita y a menudo deficiente o escasa Policía Nacional, en su calamitoso estado actual, nos dé la seguridad requerida o se cerciore a su vez que por su misma ausencia en sitios clave y de extrema urgencia la gente, harta del crimen impune, tome la justicia por sus manos. Cuando eso pasa, la víctima bien puede convertirse en un victimario por igual.

¿Sería justo que un delincuente denuncie a su víctima en caso de un ajusticiamiento? ¿Qué posición debería tomar la PNP y el Poder Judicial? ¿Qué derecho prima? Una opción son las rondas vecinales, en NYC los vecinos de ciertos buroughs conflictivos patrullan su barrio y gracias a la iniciativa del arresto ciudadano apresan al maleante hasta que las autoridades se hacen cargo, antes que el instinto sea abrumador.

La sociedad peruana está tan resentida con su sistema judicial (ineficiente, torpe, arcaico, excluyente, deshonesto, mercantilista) que es difícil, sino comprensible, que su indignación los impulse a no sólo hacer lo que se espera del PJ sino también a demostrarle al establishment que las cosas están mal, que el pueblo está harto, que caso contrario que no reaccionen el pueblo impondrá el orden que, en el trasfondo de sus malas acciones, claman por tener.

Que Lima sea una metrópoli no la hace necesariamente en una urbe civilizada, pero eso no significa que olvidemos, por más misérrima sea nuestra instrucción o background, el diferenciar entre el bien y el mal. Un discernimiento inherente con el que nacimos y crecemos.

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